A un año del sismo de magnitud 8.2 que los despertó a la medianoche, los habitantes de Oaxaca siguen “temblando”.
Juchitán fue la ciudad más afectada, una de las zonas más pobres de México con alrededor de 100 mil habitantes.
Pese a los esfuerzos de los damnificados, aún hay escombros y casas inhabitables sin demoler, gente durmiendo a la intemperie o en carpas, y niños asistiendo a clases en aulas improvisadas.
Los pobladores de Juchitán enfrentan además el fraude de una empresa constructora a la que dieron todos sus ahorros y ayuda del gobierno para rehacer sus casas, pero que tras una semana de trabajos, desapareció.
“Ya perdimos la esperanza de que nos llegue ayuda. Solo estamos viviendo a la bendición de Dios. Mejor no nos hubiera dado nada”, se lamenta Rumber, un campesino de 46 años.
Aquel 7 de septiembre de 2017, Oaxaca no fue el único estado que resintió el movimiento telúrico, también Chiapas, donde hubo daños en 97 municipios.
Para ambos, se destinaron más de 12 mil 685 millones de pesos, sin embargo, gran parte de los recursos no han llegado a los realmente necesitados ya que las autoridades, tanto federales como estatales no tienen un control real.
Otro punto en contra de las víctimas fue que a poco más de una semana de la tragedia se registró una nueva en Morelos que causó daños en nueve estados aledaños más, incluyendo la Ciudad de México, dejando 369 personas muertas.