Un juez de Florida dictaminó hoy que es inconstitucional la política del condado Miami-Dade de detener inmigrantes indocumentados en cárcel a petición de autoridades migratorias federales.
El juez Milton Hirsch, del Undécimo Circuito Judicial, señaló que esa política violaba la Décima Enmienda (Fija límites del poder federal sobre los estados) cinco semanas después de que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, decidiera que la ciudad ya no sería considerada un «santuario» para los inmigrantes indocumentados.
James Lacroix, un ciudadano haitiano que se declaró culpable de un delito grave por conducir habitualmente con licencia suspendida en Miami-Dade, y su abogado, Philip Reizenstein, presentaron su caso ante Hirsch a principios de esta semana.
Lacroix debía ser puesto en libertad tras cumplir su pena, pero permaneció bajo custodia a solicitud del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
En su fallo, Hirsch señaló que el condado no tiene ninguna razón ni base en la ley para mantener a Lacroix en prisión y agregó que el gobierno federal tiene prohibido constitucionalmente obligar al condado a mantener a Lacroix como prisionero, y el condado a cumplir con esa demanda.
El abogado Reizenstein dijo a NBC News que pese a que esto no ayuda a Lacroix, pues “probablemente será deportado más rápido en represalia (…) esto ayudará a otros y es un golpe directo al presidente (Trump) y su orden ejecutiva”.
El alcalde Gimenez abandonó el estatus de “santuario” de Miami-Dade el 26 de enero pasado, luego que Trump emitiera una orden ejecutiva eliminando la mayoría del financimiento federal para ciudades con políticas de santuarios vigentes.
Gimenez aceptó permitir que las cárceles del condado detengan inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados por el ICE.
Miami-Dade no había estado cumpliendo con el gobierno federal en estas órdenes desde 2013, según la decisión de Hirsch.
«Este caso debería apelar a los conservadores de todo el país, pero no son conservadores, son antiinmigrantes, y en este caso el presidente de Estados Unidos chantajeó al condado y el alcalde se agachó», dijo Reizenstein.
