En territorio norteamericano, los 12 millones de mexicanos (incluyendo los 5.7 millones de indocumentados) han adquirido un patrimonio, pero también deudas que ascienden a los 80 mil millones de dólares (alrededor de 1.6 billones de pesos), informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef). Lo preocupantes es que, en caso de ser deportados, estos adeudos cruzarían con ellos.
De acuerdo con la Condusef, los prestamistas tienen el poder de cobrar dicho déficit tanto en los Estados Unidos como en México. De presentarse esta situación, los deportados no podrían recibir ayuda de las diferentes instancias gubernamentales, tales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien implementó el programa ‘3×1 para migrantes’.
Por si fuera poco, algunos connacionales han hipotecado sus propiedades; estos gravámenes oscilan en los 159 mil millones de dólares (3.1 billones de pesos). Al igual, estos pasivos atravesarían el río Bravo.
Frente a esta situación, la misma Condusef emitió una serie de recomendaciones para que los ‘paisanos’ liquiden sus deudas, entre ellas destacan: proporcionar una dirección para continuar con los pagos, evitar recargos o penalidades en las tarjetas de crédito, cubrir los gastos pendientes ante automotrices y ceder los derechos hipotecarios a un tercero.
