La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa ciudadana de reforma a la Constitución, para implementar “un gobierno sin privilegios”.
El documento contempla cambios en nueve artículos a la ley referida, que implican reducir sueldos a altos funcionarios –incluido el presidente de la República–, terminar con los gastos que implican los seguros médicos de la alta burocracia, desaparecer el fuero en todos sus ámbitos y eliminar las pensiones de los expresidentes.
La presidencia cameral turnó el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se le dará turno para su análisis y revisión porque “hoy, el presidente de la República, diputados, senadores, secretarios de Estado, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, los integrantes de las élites en los órganos autónomos, y los servidores públicos de primer nivel salarial, gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la OCDE”.
La iniciativa firmada por Carlos Augusto Morales, militante perredista, y en su momento diputado federal y a la Asamblea Legislativa, cumplió con los requisitos establecidos en la ley y se comprobó, verificando la documentación, su validez.
La argumentación para impulsar medidas de recorte salarial y de prestaciones a la alta burocracia política se sustenta en que mientras los políticos, al día de hoy han hecho de esa actividad la más jugosa y perdurable, el desarrollo social en el país va en caída:
“Los mayores ajustes a la baja en términos reales –respecto al año 2016– ocurrieron en los terrenos de la vivienda popular, los servicios a la comunidad, la educación, la recreación y la cultura. Esta caída contrasta con los criterios generales de política económica en materia de gasto (para el año 2017) donde se aseguraba que serían privilegiados los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales”.
En el caso de las pensiones para los expresidentes de la República, se refiere que éstas tienen su origen en dos acuerdos presidenciales: el 7637, expedido en 1976 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, y el acuerdo 2763-BIS, expedido en 1987 por Miguel de la Madrid Hurtado.
En ambos se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la República podrán tener a su servicio a 78 integrantes del Ejército mexicano, desde un general hasta oficiales de tropa. Y se confiere una pensión equivalente al salario que percibe un secretario de Estado con cargo al erario federal, además tendrán derecho a gozar de prestaciones de seguridad social, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.
En la actualidad, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia, Felipe Calderón Hinojosa percibe 205 mil 122 pesos mensuales y se destinan 816 mil pesos de salario (también al mes) para 18 personas de apoyo.
Vicente Fox Quezada percibe la misma pensión mensual, y trabajan para él 20 personas, del Ejército, de apoyo.
Tanto Carlos Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo renunciaron a continuar cobrando la pensión, pero ambos tienen personal de apoyo cuyo costo mensual es de 51 mil 357 pesos.
