El domingo, en conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox refirieron que a poco más de dos meses de la finalización de su segundo mandato, alertan del riesgo que eso supone para la investigación y llamó a las autoridades a hacer lo posible, siguiendo los estándares de investigación y acceso a todas las fuentes, para el esclarecimiento de “un caso tan grave de desaparición forzada”.
“Las revelaciones públicas de algunas de dichas detenciones intentan generar una quinta versión de los hechos, en el sentido de que 17 normalistas -o alguna otra cifra- habrían sido asesinados y quemados en dicho basurero (de Cocula). El GIEI alertó el GIEI sobre esta quinta versión, que no se sustentaba en los distintos elementos de convicción ni declaraciones, días después de la presentación de su informe en septiembre de 2015″, señaló el GIEI.
“La filtración de declaraciones sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas. El GIEI ha pedido a la PGR que investigue el origen de tales prácticas. De igual manera, muchas de esas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones. Hay incluso casos de procesados que se han reservado totalmente, mientras en los medios se difunden informaciones en sentido contrario. Esto ocurrió, por ejemplo, con las últimas detenciones, consignadas en la AP001 y verificadas por el GIEI”, apuntó.