La asamblea que tendrán hoy y mañana los procuradores y fiscales del país en Morelia puede servir de mucho, pero podría servir de más si luego de las horas de deliberación, los responsables del Ministerio Público salieran con propuestas muy claras y concretas sobre el aporte que harán al naciente Sistema Nacional Anticorrupción y la presentación de un plan coordinado contra la red criminal que se extiende por todo el territorio y se ha convertido en la principal causa del desasosiego de los mexicanos.
Las procuradurías y las fiscalías tienen la responsabilidad de combatir la corrupción y la impunidad, pareja endemoniada que durante décadas ha frenado el desarrollo del país y llevado a la administración pública al oscurantismo, socavada por las ambiciones desmedidas y los excesos que rayan en lo criminal.
Es ahí donde el Ministerio Público tiene mucho que hacer y otro tanto que decir en el sistema anticorrupción, cuyos pasos no se pueden creer sin procuradurías y fiscalías fuertes, con personal capacitado, ajenas al sometimiento de los vaivenes políticos y electorales, y coordinadas de tal manera que fortalezcan las tareas de investigación.
En una frase: el sistema nacional anticorrupción no llegará a ninguna parte sin un Ministerio Público capacitado, fortalecido en todas sus áreas operativas y administrativas e independiente, confiable y, por supuesto, también vigilado y supervisado en su estructura y proceder.
Y si el combate a la corrupción y a la impunidad son condición inaplazable, junto con pegado va la violencia y la inseguridad provocada por la red de organizaciones criminales que lo ha empañado, enlodado todo.
Hay que aceptarlo: los índices delictivos no bajan y la inseguridad no es sólo un tema de percepción. Los resultados ahí están: la tasa de homicidios dolosos se ubica en sus máximos históricos; los enfrentamientos y las ejecuciones en cualquier parte del país son tema de todos los días, y los grupos criminales se abren espacios de incidencia social y económica que hace unos años sólo se mencionaban como un riesgo. Hoy son una realidad.
En fin. Habremos de esperar qué se habla y acuerda en estos días y en las semanas por venir; pero que no haya dudas: del fortalecimiento de las procuradurías y las fiscalías en el país para combatir la corrupción, los desvíos del erario público, la impunidad, la violencia y la inseguridad dependerá en buena parte el futuro inmediato del país, del Estado mexicano y sus instituciones.
En ese camino, bien que se presente hoy, según la agenda oficial, el Programa Nacional Antisecuestros. Ojalá que lo que hoy se anuncie rinda resultados y podamos en el corto y mediano plazos tener mayores certezas en las acciones contra este flagelo, uno de los que más lastiman a las familias y provocan terror entre la población.
Que bueno que no suelten el tema de la violencia de género y pronto haya avances más notorios en el compromiso de procuradores y fiscales del país de capacitar a los ministerios públicos encargados de atender las denuncias relativas al tema y terminen por definir, adaptar y adoptar los protocolos de investigación sobre los feminicidios.
Bien por todo eso; sirve de mucho. Pero podría servir de más.
La coordinación nacional aún es tema que espera. Pero no crean que aguantará mucho más.
