Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 30 mil y 35 mil menores han sido captados por el crimen organizado para sus fines.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión.
Mancera Espinosa destacó que la crisis de seguridad que enfrenta México puso en evidencia no sólo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino la evolución de las estrategias de la delincuencia organizada, que cada vez más utiliza a menores de edad para sus operaciones.
Sin embargo, pese a que se tiene conocimiento de estos casos, hasta el momento se carece de un diagnóstico sobre esta problemática, que permita la caracterización del fenómeno y la respuesta institucional del Estado mexicano con base en los instrumentos normativos vigentes.
Ante la prevalencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como el incremento de la violencia criminal ejercida en su contra, agregó el senador, la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió al Estado mexicano a tipificar como delito penal está práctica.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 años; mientras que, en el mismo periodo, la cifra de fallecimientos violentos fue de mil 973 personas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en tanto, reportó cuatro mil 328 menores como desaparecidos, del 1 de enero al 7 de diciembre de 2021.
En este contexto, Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para establecer en el Código Penal Federal que comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa.
Por la comisión de estas conductas, el senador planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.
Además, en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, propuso que a dichos funcionarios también se les destituya e inhabilite para desempeñar cualquier cargo o comisión pública.
