Ante esta situación, informó que solicitarán a las autoridades locales que revisen los expedientes a fin de que estas personas salgan libres, siempre y cuando cumplan con las normas respectivas, así como un informe detallado de las tiendas o supermercados que han interpuesto demandas contra personas con alguna discapacidad.
“Necesitamos contar con información para ver la forma en cómo desde la Comisión de Reclusorios ayudamos a los internos e internas que tienen alguna discapacidad y están presos en los reclusorios preventivos de la ciudad por robos menores”, agregó.
La legisladora lamentó que “los encargados de los establecimientos comerciales no tengan la sensibilidad para comprender que esas personas no están en sus cabales y los envíen al Ministerio Público por robo y de ahí a los juzgados donde sufren un calvario a pesar de que físicamente se observa su discapacidad”.
Peralta León aclaró sin embargo que sería necesario revisar los cargos y hacerse una investigación exhaustiva para conocer las causas reales que motivaron el ingreso de las personas con discapacidad intelectual a las cárceles.
En especial, agregó, porque al momento de la confrontación de las declaraciones se trata de la palabra del reo contra la de las tiendas departamentales.