Amado Ramírez, David García Monroy, Regina Martínez y Hugo Olivera son los nombres de periodistas que comparten una cosa en común: fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón, el que hasta ahora ha registrado más homicidios de comunicadores: 49; es decir, 45 por ciento de los 109 cometidos en los últimos 17 años.
El total de homicidios de comunicadores registrados del año 2000 a la fecha contrasta con los 22 que se llevaron entre 2000 y 2006, en la administración del también panista, Vicente Fox, y con los 35 de la actual administración, de acuerdo con información de la organización Artículo 19.
Al analizar los datos, durante el periodo presidencial de Calderón las dos entidades con más muertes fueron Veracruz, con 10 (entre los mandatos de Fidel Herrera y Javier Duarte) y Guerrero, con 8, en la administración de Carlos Zeferino Torreblanca.
Los periodistas que fueron asesinados en Veracruz son: Luis Mendez, de Radiorama (2009); Noel López Olguín, de Noticias Acoyucan (2011); Miguel Á. López, Misael López y Yolanda Ordaz, de Notiver (2011); Regina Martínez, de Proceso y La jornada (2012); Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, de Veracruz News (2012), y Víctor Manuel Baez, de Milenio y El Portal de Veracruz(2012).
En Guerrero, la segunda entidad más riesgosa para los periodistas entre los años 2006-2012, lo periodistas asesinados son: Amado Ramírez Dallanes, de Televisa y Novedades Acapulco (2007); Miguel Villagómez, de La Noticias de Michoacán (2008); Jean Paul Ibarra, de El Correo (2009); Juan D. Martínez, de Radiorama (2009); Jorge Ochoa Martínez, de El Sol de la Costa (2010); Evaristo Pacheco Solís, de Visión Informativa (2010); Francisco Rodríguez Ríos, El Sol de Acapulco (2010); María Elvira Álvarez, freelancer (2010).
En la mayoría de estos y del total de casos, los periodistas fueron interceptados por sus asesinados y fueron privados de la vida por los disparos de armas de fuego ya sea afuera de su trabajo o frente a su casa.
Algunos incluso fueron secuestrados y sus cuerpos se hallaron en otras comunidades de donde habían sido levantados; sin embargo, de acuerdo con organismos defensores de la libertad de expresión precisan que más de 90 por ciento de los crímenes no han sido resueltos por las autoridades.
